La percepción que en Costa Rica obtuve de la defensa de los Derechos Humanos nada tiene que ver con el uso faccioso que hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, por eso el fracaso permanente de éste organismo cuando se enfrenta al andamiaje jurídico y tiene que lidiar en el ámbito legal, en los tribunales, con cualquier caso en el que presuntamente se han violado garantías individuales, como acusador o en defensa, y el caso más evidente de este fracaso es la defensa de la causa penal de los familiares de las víctimas de Acteal, donde pudieron más los argumentos jurídicos de los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que la enjundia panfletera de los activistas del Frayba.
Quedó demostrado que el Frayba tiene en su seno a activistas sagaces en el arte de la guerra propagandística, tal vez educados en la escuela de Paul Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler,  pero carece de abogado capaces, truchos en la materia, que dominen la teoría del derecho, la aplicación concreta de la ley, el ejercicio práctico del jurisconsulto, y, sobre todo, una serie de convicciones y principios sobre la democracia,  la  justicia, la República y las leyes, porque como ya dije en anteriores colaboraciones, su apuesta es el permanente y continuo deterioro del Estado democrático de derecho, su erosión, no la corrección y la enmienda de las posibles distorsiones que se pudieran presentar en la aplicación de las leyes por parte del gobierno y de quienes la administran, en este caso los Ministerios Públicos (dependientes del poder Ejecutivo) y los jueces (en este caso dependientes del poder Judicial).
Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en libertad, primero a 20, y luego a nueve más, de los implicados en el asesinato de 45 militantes de la Asociación Civil Las Abejas de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, porque era insostenible, y más aún injusto e ilegal, mantener el prisión a los 29 indígenas liberados, privados de su libertad por casi 12 años, porque quedó demostrado que la PGR falseó pruebas, las inventó, ya que en casi 12 años ni el Frayba ni la PGR ni nadie más pudo aportar pruebas de convicción de que esas personas eran culpables; por eso el abogado Javier Cruz Angulo, del CIDE, enarbola ahora que la defensa del caso Acteal podría generar jurisprudencia: “En el caso Acteal aprendí que somos una sociedad con miedo a los derechos y a las libertades. Nos da miedo la presunción de inocencia, pues se piensa que con ella se liberan criminales, tenemos miedo de los derechos de los procesados, pues seguramente también con ello se libera a delincuentes y, sobre todo, tenemos miedo al uso de la libertad de expresión en una democracia; todos queremos sostener nuestra verdad sin escuchar a los demás, y deseamos que nuestra verdad sea una cuestión de fe, no de pruebas”.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas podrá decir misa –para eso si que han de ser buenos-, pero nada pudieron ante la SCJN, que es donde se ventiló el caso, a tal grado que hoy la defensa de los abogados del CIDE sirve de ejemplo en diversos foros y talleres de Derechos Humanos, como el diplomado que recibí durante dos meses en San José, Costa Rica, porque hasta allá, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se pondera el éxito logrado por el abogado Javier Cruz Angulo, y se usa de ejemplo al momento de ilustrar la defensa exitosa de un grupo de abogados del CIDE de la causa penal que se seguía a los acusados por la masacre de Acteal, porque el caso generó precedentes útiles para transformar el proceso penal en México, se deplora el proceder del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y del Miguel Agustín Pro Juárez porque politizaron el caso en extremo en vez de hacer uso eficiente de los instrumentos legales, las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les concede, ya que durante 11 años tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, de demostrar la presunta responsabilidad de los sindicados, privados de su libertad durante todos esos años, optando en cambio a la denuncia mediática, la guerra de propaganda, que lo único que buscaba era imponer su verdad en la memoria colectiva de la sociedad, erosionar la imagen de los órganos de justicia y al Estado democrático de derecho mexicanos, para desacreditarlo, pretendiendo así ganar adeptos y simpatía a la causa del EZLN, que al parecer es lo que al final de cuentas interesa al Frayba.