Sesgada y tendenciosa la visión del Frayba
 
La defensa de los derechos humanos no debería tener tintes político, filiación, simpatía, amasiato o concubinencia; debiera ser imparcial, y únicamente velar por que la dama de la justicia y la ley fuera ciega y equilibrada, para que quien administra la cosa pública no abuse del poder que le otorgó el soberano, el pueblo, mediante el sufragio libre y universal, para no contaminar esa noble labor, para no desprestigiar la observancia del derecho y la igualdad que todos debemos tener  ante la ley, lo mismo a la hora de reclamar prerrogativas, que a la hora de cumplir con las obligaciones, para que nadie esté por encima ni por debajo de los derechos legales que como mexicanos debemos de disfrutar por igual, a plenitud, sin exclusiones, pero también sin privilegios, sin que unos vean conculcados las atribuciones que les confiere la Constitución General de la República, y sin que otros se sobrepongan a su mandato y ordenanza, porque al final de cuentas ese es el contrato social al que todos debemos apegarnos, gobernantes y gobernados, y no como pretende el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, o más aún su director, el abogado Diego Cadena Gordillo, para quien el derecho de unos está por encima del de otros, por el solo hecho de que unos son católicos o simpatizantes de la causa del EZLN y los otros son evangélicos y tienen distinta filiación política, como en el caso de Mitzitón, como en el caso de Jetjá, como en el caso de Bolom Ajau, como en el caso de Agua Clara, como en el caso de Acteal, de Majomut, de San Sebastían Bachajón, porque hasta en eso son obvios, no tienen casos fuera del área de influencia del EZLN, y son omisos cuando otros casos saltan a la palestra política, como, por ejemplo,  cuando la autoridad municipal de San Cristóbal de Las Casas arremete contra los vendedores ambulantes, o cuando el Ejército mexicano, y más concretamente el general Antonio Bernal Reyes, comandante de la 31 región militar, hostigan a integrantes de la Sociedad Cooperativa de Artesanos de las grutas de Racho Nuevo, en San Cristóbal de Las Casas, y amenaza con desalojarlos de un lugar en el que han permanecido por más de 25 años, pretendiendo extorsionarlos con elevadísimas sumas mensuales de dinero, según pude leer en la prensa, pero claro como no son zapatistas ni son adherentes a “La otra campaña”, el abogado Diego Cadena Gordillo se hace el occiso:  no ve; no oye, y es mudo; lo mismo cuando integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), de Venustiano Carranza, se declararon en huelga de hambre en la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; o cuando el presidente municipal de la ciudad colonial, del PRI, le echó la fuerza pública a militantes del CRIACH que ocuparon 10 hectáreas del viejo INI, o cuando ordenó a su policía municipal levantar a los niños de la calle, porque afean la ciudad, o cuando mataron a un graffitero y golpearon salvajemente a otro joven por vestirse y peinarse de diferente manera que el resto de la ciudadanía, o cuando en Zinacantán católicos tradicionalistas arremeten contra los evangélicos y conculcan sus derechos a la educación, o les cortan el suministro de agua o de energía eléctrica; o cuando indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán se matan por un problema de límites.
Sería interminable enumerar los vacios y omisiones del Frayba, los vicios en su proceder, porque son muchos los casos en donde no actúa, donde no interviene, donde no presta sus buenos oficios, donde al callar otorga; donde simplemente no interviene, a no ser en la región de los Altos de Chiapas, no porque no se hayan presentado desmanes por parte de alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal; no porque no se hayan violado derechos humanos; no porque no se haya reportado abuso en el uso de la fuerza pública; no porque no se haya documentado excesos de parte de uno de los grupos en pugna; tal vez porque para el Frayba estos indígenas o campesinos o mestizos no tienen derechos o si ,los tienen seguro que habrá quien se los defienda, pero no ellos; porque ellos, solo intervienen, ipso facto, cuando se trata de un grupo adherente a “La otra campaña”, que simpatiza con el EZLN o que de plano milita en el EZLN, lo que evidencia lo tendencioso de su participación, la parcialidad de sus juicios, el color de su bandera, que no es precisamente blanca, de paz, de concordia, de armonía; sino que abiertamente es roja, de sangre, de beligerancia, de violencia, de golpeteó mediático, porque ese es su arma principal, no la Constitución general de la República, no el Código Penal, no el Civil, no la observancia del derecho y las leyes; sino la lucha política encubierta con el velo de los Derechos Humanos, con la cobertura de que otorga ante los ojos del mundo el parapeto de ombudsman, de paladín de los derechos humanos, cuando lo que tendría que hacer el abogado Diego cadena Gordillo es mejor colocarse un paliacate rojo o un pasamontañas y pasarse del bando en el que abiertamente milita, sin que eso tenga algo de malo, por supuesto que no, es una opción válida, y ahora legal, siempre y cuando se sea consecuente, porque además de redactor enjundiosos comunicados contra el gobierno, el abogado Diego Cadena  Gordillo no atiende jurídicamente los casos que dice defender, por eso los pierde, y no porque tal o cual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga tal tendencia o preferencia, como él sí ha demostrado tener, o porque tal historiador haya inventado una historia perversa o distorsionada de los hechos, como pretenden hacer creer de la que escribió Héctor Aguilar Camín, por el solo hecho de que su reconstrucción de lo sucedido en Acteal no concuerda con la historia que ellos se han construido para consumo de sus seguidores, de sus adeptos, de sus cooperantes a nivel internacional, de su credo, que a manera de dogma sostiene que los 45 indígenas muertos el 22 de diciembre de 1997 murieron masacrados por presuntos paramilitares entrenados y armados por el Ejército, cuando no de la Seguridad Pública, como un plan contrainsurgente que pretendía quitar el agua a los peces, de acuerdo a una vieja política usada por los regímenes militares de Centroamérica. Y de ahí nadie los saca y nadie los sacará jamás, porque eso es lo que conviene a sus intereses, aunque el caso continúe ventilándose en los tribunales de justicia de la nación, y ya hayan sido amparados 20 de los más de 70 encarcelados por el caso, y los ministros que conocen el caso estén a punto de emitir otro fallo, que eventualmente podría reponer el proceso de algunos de los inculpados y dejar en libertad a otros, de tal suerte que ni sus manifestaciones ni sus lloriqueos podrán detener la visión que los ministros tienen del caso, que no es otra cosa que lo que los abogados del CIDE han logrado documentar y probar, mientras que los abogados del Fraybam, que defienden a los deudos y sobrevivientes se la pasan jugando al Robín Hood, organizando ayunos, oraciones y plantones, como si eso fuese a suplir la acción y el procedimiento de las leyes, lo mismo que los sacerdotes y obispos solidarios con el caso, que piensan que con plegarias y rezos lograrán lo que los abogados del Frayba no han podido lograr, que es justamente aportar pruebas contra los inculpados, muchos de los cuales aún permanecen privados de su libertad en la prisión de mediana seguridad de El Amate.
Sesgar la observancia del derecho, para bien o para mal, solo puede conducirnos a la confrontación, a la ruptura, al enfrentamiento estéril,  que hasta el momento lo único que ha provocado es la polarización social,  porque el Frayba y los otros actores sociales interesados en el caso, además de los abogados del CIDE, lo único que buscan es que impere su versión de los hechos para darle el uso político, politiquero, de un tema tan delicado como lo es el de la defensa de los Derechos del Hombre, porque el goce pleno de estos, debiera ser el objetivo común, de gobernantes y gobernados, en la construcción de una sociedad más justa, para arribar a estadios superiores de organización social, de plena democracia, donde quienes gobiernan tengan que sujetarse al mandato del pueblo, al mandato de las leyes, porque al final son éstas las que nos igualan a todos y no otra cosa, como pretende el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que  ya he dicho antes, pretende que en México impere la ley del embudo: “lo ancho para nosotros, lo angosto para los otros”.