El Frayba no es neutral ni imparcial a la hora de emitir sus reportes, valoraciones o juicios.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sigue empecinado en desacreditar al gobierno de Chiapas,  y forza, maximiza y parcializa hechos de violencia para tratar de vincularlo, a como de lugar, con presuntas organizaciones de corte paramilitar, como la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), y el supuesto ataque a un defensor de los derechos humanos, para que encuadre en lo que publica en su pagina web: “En Chiapas se criminaliza la defensa de los derechos humanos”.
Es más que evidente que el abogado Diego Cadena Gordillo busca renovado protagonismo nacional e internacional, provocando hechos como el que supuestamente se suscitó el viernes pasado a medio día en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde, dicen ellos y nadie más que ellos, campesinos de corte paramilitar, “bajo cobertura del Gobierno del Estado”, emboscaron y agredieron a un miembro del Frayba e hirieron de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón, en un evento que la Procuraduría General de Justicia del Estado debe investigar de manera exhaustiva, con el objeto de evitar la difusión de versiones parciales, como suele hacer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en el que hay indios malos y buenos;  y los resultan ser –¡siempre!- los que no simpatizan con el EZLN y los buenos, quienes se levantaron en armas el 1 de enero de 1994, y continúan bajo su férula, como los que ahora se hacen llamar “adherentes a la otra campaña”.
Como ya lo he acreditado en diferentes entregas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), pretende endosarle al gobierno de Chiapas presuntos actos de hostigamiento, vigilancia, amenaza, difamación y calumnia,  particularmente contra su Presidente Don Samuel Ruiz García y su Director, el abogado Diego Cadenas Gordillo.
Es un exceso del Frayba y una grave irresponsabilidad de los medios, publicar por ciertos versiones de eventos que nadie más que el propio Frayba puede acreditar como ciertos, asumiendo que los hechos sucedieron como ellos describen en sus comunicados, y sobre todo, acreditar algún tipo de responsabilidad al gobierno de Chiapas, como pretende hacerlo en el caso de Jotolá, en el municipio de Chilón, o como lo ha pretendido hacer en el caso de Mitzitón, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, porque es más que evidente el sesgo del Frayb, absolutamente plegado al EZLN, descalificando y más aún adjetivizando de “paramilitares” a toda aquélla organización que no se hala mimetizado con el movimiento que encabeza el subcomandante Marcos, acostumbrado como está a que las autoridades detengan y encarcelen a inocentes, únicamente porque el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, los acusaba de uno u otro acto delictivo; como aconteció en los años previos y posteriores al alzamiento armado, aunque al pasar de los años se comprobó que fueron los propios catequistas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas los que indujeron a la confrontación a sus seguidores y culparon a los contrarios.
Parece que es la misma práctica usada por el Frayba, que descalifica, sindica, y responsabiliza de todo al resto de las organizaciones sociales que existen en Chiapas, no importándoles la tradición de lucha que estas hayan demostrado, como el caso de la OCEZ-CNPA, la ORCAO, la CIOAC, y ahora la OPDDIC, para ellos todos forman parte de un plan maestro urdido desde lo más alto del poder político, por el Estado Mexicano, como parte de una guerra contrainsurgente para aniquilar  al movimiento revolucionario, que obvio encarna el EZLN, como si el subcomandante Marcos no hubiese ya izado una banderita blanca y depuesto las armas, y como si no las comunidades zapatistas estuvieran inmersas en otro proceso que nada tiene qué ver con la guerra o la insurrección popular, o con la intensión de derrocar al gobierno y al sistema político imperante en el país, sino más bien se han volcado hacia el interior para vivir según su estilo y convicción personalísima una especie de autarquía comunitaria, que a lo único que los ha conducido es a un mayor aislamiento, a una vida más precaria, aún que lo que gustan vender al exterior es la reproducción de un proceso étnico de avivamiento cultural de los usos y costumbres, que no es otra cosa que la aplicación del derecho consuetudinario, un término opuesto al de derecho escrito, con lo que se sustraen del ordenamiento legal vigente en el país, sin que esto afecte al gran conglomerado social, mayoritario, que vive en ciudades y pueblos –aún circundantes a sus pequeñas aldeas- donde rigen las leyes de la República, y se respeta el estado de derecho, la Constitución General de la República, y las leyes que de ella emanan.
Me resta añadir que el procurador General de Justicia del estado, Raciel López Salazar, no debe caer en la trampa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que como ya dije líneas arriba, solo busca renovado protagonismo nacional e internacional, y debe escudriñar con pinzas de oro la presunta emboscada de la OPDDIC a uno de sus integrantes, el abogado Ricardo Lagunes Gasca, y el posterior enfrentamiento entre campesinos de la OPDDIC y adherentes de la "Otra Campaña", como llaman ahora a los simpatizantes del mermado EZLN, porque es inverosímil la versión del Frayba, que suele parcializar, maximizar y tergiversar la realidad de los sucesos para  desorientar a la opinión publica, usando a periodistas de la ciudad que casi nunca se mueven al lugar donde se registran los eventos para verificar el suceso, y se conforman y asumen como verdadera la versión de una de las partes, aún a sabiendas de que el Frayba no es neutral ni imparcial a la hora de emitir sus reportes, valoraciones o juicios.