El Frayba, empeñado en desestabilizar Chiapas
En Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas, se sigue larvando un conflicto, cuyo desenlace no se puede predecir, pero si se puede advertir la mano que mueve los hilos: el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas, cuyo director, Diego Cadena Gordillo, está más que empeñado en desestabilizar el estado, más allá del presunto acompañamiento de los pueblos nativos en la defensa de la tierra y el territorio, y de los Derechos Humanos, sobre todo porque en el caso concreto de Mitzitón, el gobierno de Chiapas anunció de manera oficial que por ahí no pasará la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, la principal bandera de los ejidatarios adherentes a “La otra campaña”, quienes tendrían que arriar esa bandera de lucha, a menos, claro está, de que el gobierno estatal diera muestras en sentido contrario, de estar manejando un doble discurso, pero cuando se tiene certeza de que esto no es así, cuando ante los ojos de todos el proyecto se ha modificado, se ha detenido o de plano se ha suspendido, resulta maniqueo que se sigua atizando de manera artificial una reivindicación, que podría decirse, logró ya su propósito: impedir que pase por las tierras de Mitzitón la referida autopista.
Por el contrario, los ejidatarios de Mitzitón, los católicos tradicionalistas, los adherentes “A la otra campaña”, y el propio Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, debieran alzarse con la victoria que representa que el gobierno de Chiapas se haya comprometido públicamente a no continuar con un proyecto carretero –si es que en realidad el trazo existió- que según esto atravesaría territorios autónomos, vulnerando derechos de los pueblos autónomos que no habrían sido consultados ni tomados en cuenta, pero parece que eso es lo que menos importa, porque el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas prosigue atizando la hoguera del descontento social, que lo único que está provocando es que los adherentes a “La otra campaña” o católicos tradicionalistas, pero más aún el propio director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el abogado Diego cadena Gordillo, queden en evidencia como una persona intransigente, radical, y provocador, que alienta a la violencia, en un conflicto que a todas luces ha sido desmontado en su esencia –la protesta por el supuesto trazo carretero- y tiene ya solo tintes de intolerancia religiosa, más aún, cuando de lo que se trata es de expulsar a quienes abiertamente se declaran evangélicos y buscan la protección de su congregación religiosa, en este caso la iglesia Alas de Águila, y más recientemente, del Consejo de Iglesias Evangélicas, despojándolos de sus derechos agrarios, o lo que es lo mismo, desterrándolos de su comunidad y de sus parcelas, que pasarían a ser propiedad del otro grupo, el de los católicos tradicionalistas adherentes a “La otra campaña”, lo que entra en franca contradicción con lo que debiera ser la declaración de principios del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: la defensa y promoción de los derechos humanos entendidos como herramientas efectivas para la liberación de los pueblos, frente al asedio de una cultura globalizada y neoliberal que amenaza con el despojo, para la acumulación desmedida de unos cuantos, en detrimento de mayores y mejores oportunidades en un plano de igualdad para todas las personas.
Esta y no otra debiera ser la misión del Frayba en Chiapas, porque el derecho al territorio ha sido reconocido en diversos acuerdos internacionales, por lo que su acción debiera enfocarse en el campo jurídico, en el marco de la legalidad y las leyes, no estar atizando el descontento social, fomentando la desestabilización, la confrontación, el rencor y el odio, que lo único que provocan es violencia, y lo que es peor, violencia entre hermanos, entre los propios indígenas, en vez de abonar a la vigencia plena de las leyes y de los tratados internacionales, pero luchando en los tribunales, para que, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes sea una realidad en México, sobre todo el artículo 14, que estipula el derecho de los pueblos a la propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y que deben tomarse las medidas necesarias para salvaguardar su derecho a “utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, pero no promoviendo marchas y plantonbes, bloqueos carreteros, porque existen instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que reconocen el derecho a la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos indígenas como un derecho humano. Este reconocimiento incluye la obligación del Estado para delimitar, demarcar y titular sus territorios de tal manera que sus derechos culturales sean protegidos, entre ellos sus formas propias de tenencia y uso de la tierra, elaborando y proponiendo cambios en la legislación, enmiendas a las leyes, sabida cuenta de que en México, la legislación no reconoce aún la posesión colectiva indígena del territorio que ocupan y habitan, ya que en tanto que los pueblos no sean considerados como entidades de derecho público, la posesión de sus territorios se debe sujetarse a las formas de tenencia de la tierra que contempla el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si esa que introdujo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y que habría que revertir, pero de frente a la Nación, en el órgano competente para ello, es decir en el Congreso de la Unión.
¿No es capaz Diego Cadena Gordillo de entender cabalmente en qué frente se debe dar la lucha? ¿No es un hombre de leyes? ¿Es correcto defender los derechos de unos conculcando los derechos de otros? ¿No es la vigencia plena del Estado de derecho lo que debiera promover el Frayba, para que entonces sí todos los mexicanos, indígenas y mestizos gocemos por igual de las prerrogativas de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan? ¿No deslegitima su labor al frente del Faryba y al Frayba mismo promover la violencia, el enfrentamiento entre hermanos, la inestabilidad social y política, en ves de buscar las salidas legales, apegadas al derecho?
Son muchas, muchísimas las interrogantes que me hago a la hora de ponderar la misión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, porque más parece un actor político que lucha contra el estado mexicano, que un órgano de defensa de las leyes, el Estado de derecho, para que quienes han sido violentados en sus derechos, sean resarcidos conforme a la ley, como debiera ser en un estado democrático, que si bien no es perfecto, debiera ser perfectible. ¿O no?