Cuando el 19 de noviembre de 1998 se publicó la información del famoso Libro Blanco de Acteal, el entonces presidente Ernesto Zedillo dijo que su conciencia estaba en paz.
No lo está para quienes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, cada aniversario revive a los muertos, y los saca a exhibir como mártires inocentes de un conflicto armado, que dicen ellos, no ha concluido, porque si bien no hay guerra, tampoco hay paz;  menos justicia y dignidad para quienes el 1 de enero dijeron ¡Ya basta!, y se alzaron en armas desafiando el poder del gobierno y el Ejército mexicanos, al los que se propusieron vencer y derrotar para instaurar quién sabe que tipo de gobierno, porque según dijo el subcomandante Marcos, el EZLN no quiere el poder, dejando abierta el objetivo a la especulación: Entonces, ¿qué quieren…?
El informe que la PGR presentó como la investigación sobre el caso, volvió a salir a relucir luego de que  la Suprema Corte de la Nación amparó a 20 de los inculpados en la masacre de 45 indígenas, el 22 de diciembre de 1997, quienes de inmediato recuperaron su libertad, no así todas sus prerrogativas constitucionales, porque hasta la fecha no han podido retornar a sus comunidades de origen, en el supuesto que su sola presencia podría reabrir el capitulo de la violencia, ya que en la zona sigue latente el dolor por las víctimas, el rencor y el odio contenido, en parte porque la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han alimentado la especie que los 45 indígenas sacrificados fueron  víctimas de una estrategia contrainsurgente elaborada y desarrollada meticulosa y científicamente desde casi dos años antes del clímax de violencia en la hondonada de Acteal; lo que implicaría, necesariamente, que las víctimas eran o formaban parte del grupo subversivo, porque si no,  no se explica por qué habría que ensañarse contra pacíficos corderitos que lo único que hacían era orar por la paz en una ermita católica perdida en la serranía alta de Chiapas.
Así, para el Frayba lo que aconteció en Acteal tiene una lógica contrainsurgente:
“Esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra, en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno Mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esta Guerra de Baja Intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos”, apunta en un informe que publica seis años después de los hechos.
A diferencia del Frayba, en El Libro Blanco de Acteal no hacen “apreciaciones subjetivas ni políticas”, y sí en cambio abre con un análisis histórico, social, cultural y político de Chenalhó, imprescindible para comprender una parte importante de los sucesos violentos desencadenados en 1997 en ese municipio, como son los derivados de la disputa por el banco de arena de San José Majomut, muy cercano a las poblaciones de Acteal, Polhó y Queshtic, relevantes en la investigación de los lamentables acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, y dedica un capítulo especial al diálogo de Las Limas, porque ahí se sentaron a dialogar, antes de la masacre de Acteal, simpatizantes priístas y miembros del ‘Concejo Municipal Autónomo de Polhó’, porque ahí se aborda el punto de la procuración de justicia antes del 22 de diciembre de 1997, una serie de “agravios” entre las partes antes de la masacre.
Es así que a partir de aquel 22 de diciembre, el Frayba acompaña a las víctimas y ofendidos de la matanza de Acteal en el largo peregrinaje en búsqueda de Justicia dentro del sistema de procuración, administración e impartición de justicia del Estado Mexicano, que a la fecha no ha concluido; pero no coadyuva con los Ministerio Público que conocieron el caso ni aporta pruebas que favorezcan al juicio de los sindicados, que al final están comenzando a recuperar su libertad bajo un amparo jurídico que abogados del CIDE promovieron no para demostrar la inocencia de los indígenas presos por la muerte de 45 indígenas en Acteal, sino para evidenciar las fallas recurrentes en la administración de justicia en el país, que permite que durante muchos años permanezcan privados de su libertad individuos cuya responsabilidad penal no ha sido plenamente comprobada, violándose así diversas garantías individuales, como la del debido proceso a que todo mexicano debe tener derecho, porque así lo estipulan las leyes de este país, contrario al alegato mediático del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que se concretaba al enunciado vago, impreciso, de “dilación en la impartición de la Justicia y la Denegación de la misma”, como si eso bastará para garantizar que quienes fueron señalados como responsables materiales de la matanza y guardan prisión sean condenados de por vida y así se lave el horror de la masacre, porque según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, ha definido la masacre como la ocurrencia de varias privaciones arbitrarias de la vida perpetradas en contra de varias personas, por lo general indefensas, realizada en un mismo lugar y en un mismo momento, producida por ataque armado o cualquier otro medio.
En el glosario elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. se establece que la Fiscalía Especial atrajo 34 Averiguaciones Previas del fuero común relativas a diversos delitos cometidos por habitantes de Chenalhó para continuar con las investigaciones, sin embargo dicha Fiscalía no cumplió su encargo, ya que consideró concluida su labor al consignar a 86 personas a los Juzgados Federales, sujetándolas a proceso, y al obtener 17 sentencias condenatorias en primera instancia sin haberse determinado su firmeza judicial.
Pero para el Frayba eso no fue suficiente.
“No hubo un esclarecimiento real de las muertes de los 45 indígenas tsotsiles y 4 aún no nacidos, si atendemos a que el esclarecimiento de los hechos dentro de la indagatoria, no implicaba únicamente la consignación ante un órgano jurisdiccional de los autores materiales del ilícito, limitando la participación de los autores intelectuales al presidente Municipal de Chenalhó”.
Es clara la postura del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: “Una investigación con justicia y verdad, obligaba a la PGR a incluir a los funcionarios estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano y a miembros del Partido Revolucionario Institucional que planearon la Masacre, entrenaron y financiaron a los grupos priístas paramilitares”.
Veinte de los inculpados ya recuperaron su libertad, y es muy probable que otro contingente salga de la cárcel próximamente, también, favorecidos por un amparo “llano y simple” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Frayba insiste: “La Procuraduría General de la República tampoco investigó las muertes de los 4 niños no nacidos ocurridas en la Masacre, dado que dentro de las 45 personas ejecutadas el día 22 de diciembre de 1997, se encontraban 4 mujeres con hasta 36 semanas de embarazo. La Procuraduría General de la República ignoró el derecho a la vida violado a los no nacidos, ya que nunca consignó averiguación alguna por el delito de aborto que claramente se tipificaba”.
La masacre de Acteal, es, según el Frayba, un cuento de nunca acabar.