El miércoles viajé a San Cristóbal de Las Casas porque se anunció una marcha de los habitantes de Yibeljoj, que según una nota periodística forman parte de una fracción de Las Abejas, de Chenalhó, que “por diferencias con el grupo cercano a la diócesis de San Cristóbal” invitaron a amigos y solidarios a unir esfuerzo para demandar que se pare la liberación de “paramilitares” responsables de la masacre de 45 personas el 22 de diciembre de 1997, porque saben lo que viene, ya que los cuatro magistrados que ampararon a los 20 liberados, también repusieron el procedimiento de 6, y dejaron pendiente de resolver sobre 31 personas, que muy seguramente también serán amparados, y por tanto liberados del penal de mediana seguridad de El Amate, donde se mantienen recluidos desde hace más de 11 años.
Pero lo que llamó mi atención, es que los convocantes a la peregrinación se anunciaran como una fracción con diferencias al grupo cercano a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que por años mantuvo control de este sector de indígenas bases de apoyo del EZLN, más aún con la presencia del párroco Pedro Arriaga en el municipio de San Pedro Chenalhó, desde donde se alienta este tipo de expresiones públicas para llamar la atención más que de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los medios de comunicación, ante quienes pretenden demostrar la capacidad de movilización que aún tienen quienes se asumen bases de apoyo del EZLN, que por cierto aún no se ha manifestado en torno a la liberación de los 20 implicados en la masacre de Acteal, cuando se supone que debieran ser los primeros en pronunciarse puesto que si este evento macabro se registró se debió a que el grupo que encabeza el subcomandante Marcos proclamó la guerra al gobierno y al Ejército mexicanos, y no lo hizo solo con los famosos riflitos de madera, sino con verdaderos cuernos de chivo, que ya antes del suceso sangriento de Acteal había cobrado la vida de por lo menos 19 indígenas que se asumían priistas, y que por tanto se oponían a la expansión del EZLN en las comunidades de Chenalhó.

Eso ya está más que documentado.
Pero lo que hoy quiero compartir con mis lectores es la “peregrinación” de Las Abejas de Yibeljoj, que comenzó desde la entrada de la carretera que conduce a San Juan Chamula, y que podría estimar asistieron por lo menos unas mil 200 personas, porque en mi opinión resulta por demás lastimoso ver la manipulación que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace de estos humildes indígenas que se insolaron al peregrinar desde una pequeña parroquia que se encuentra a la vera de la carretera, muy cerca del casco de una de las ex haciendas de Moctezuma Pedrero, porque quizá ellos no sepan que de nada valdrá su expresión de fe -puesto que llaman a su manifestación peregrinación- y que tampoco servirán de nada sus gritos de protesta –que quizá llamen plegarias-, contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  porque quién más que el propio abogado Diego Cadena Gordillo debe saber que éste es inapelable, irreversible, y tal vez solo por eso resulta vergonzoso que la Iglesia o el abogado Diego Cadena Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, azucen a los indígenas a peregrinar no como hijos de Dios sino como simples borregos para rechazar un fallo de la SCJN que en honor a la verdad los abogados del Frayba no supieron pelear frente a los tribunales, que es donde se gana o se pierde un juicio, y no en las calles, como parece estar acostumbrado el abogado Diego Cadena Gordillo, porque mientras él organizaba manifestaciones, ayunos y oraciones, los abogados del CIDE preparaban sus alegatos, recababan testimonios, revisaban expedientes y se asesoraban de expertos, como el historiador Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos, que podrán decir lo que quieran, pero logró integrar o reconstruir una historia equilibrada, imparcial, de lo que eventualmente pudo haber ocurrido en Acteal aquélla mañana del 22 de diciembre de 1997, donde perecieron 45 personas: nueve varones, quince niños, 21 mujeres (cuatro de ellas con embarazo de entre 10 semanas a cinco meses, y que por cierto yo leí en la primera plana del periódico La Jornada, donde se reportaba un número mayor de muertos, no del lugar de los hechos, sino de algún informe que la propia diócesis debió haber filtrado al reportero que cubrió la nota, porque era evidente que un sacerdote, muy probablemente Pablo Romo, en ese entonces director del Frayba, fue el informante, porque según documentó Aguilar Camín la balacera que cegó la vida de los 45 indígenas de Acteal se prolongó hasta entrada la tarde, por lo que resultó imposible que el reportero de La Jornada haya obtenido del lugar de los hechos la información publicada, ya que además de los datos fríos de los muertos no se describía el evento ni se contextualizaba la presunta masacre, que como ya transcribí en una entrega anterior bien pudo resultar de un enfrentamiento entre milicianos del EZLN y grupos de autodefensa priistas que se negaban al reclutamiento y al control abusivo y autoritario de los alzados en armas, que para entonces se vanagloriaban del poder de fuego que habían adquirido.
No se puede negar este hecho de sangre, y que quienes gestaron el festín sangriento de Acteal, deben enfrentar las consecuencias morales, legales y judiciales de sus actos, pero no se puede mantener en prisión a inocentes, a chivos expiatorios, ni mucho menos asumir todos los presos sindicados por los deudos y sobrevivientes son responsables de la masacre, porque hay juicios de valores en sus testimonios, y sobre todo, intereses políticos, como en el caso del Frayba, que ahora quiere ganar en las calles y en los medios lo que no supo defender en los tribunales de justicia, porque en ahí donde los abogados del CIDE derrotaron la versión politizada del abogado Diego Cadena Gordillo, que en su desesperación pretende responsabilizar al gobernador de Chiapas de un evento en el que él ni por asomo tuvo algo que ver, ya que si de buscar responsables se trata, pues entonces fueron los abogados del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), quienes lograron la libertad de los hermanos por la vía constitucional, y más vale que el abogado Diego Cadena Gordillo no pierda su tiempo en pretender espantar al gobierno con el petate del muerto, del resurgimiento de la violencia, porque los abogados del CIDE han iniciado los trámites necesarios para que los absueltos por la Corte, recuperen aunque sea algo de lo inimaginablemente perdido, no son tan sólo las cosas materiales como sus parcelas que quedaron abandonadas, sus instrumentos de trabajo que ya nadie utilizó, sus escasas riquezas personales, sino la vida familiar de cada uno de ellos como padres, hijos, hermanos, tíos de familia… pero sobre todo, su dignidad pisoteada.
“ ¿Cómo puede el Gobierno pagar el daño que causó a cada una de las más de 80 familias que quedaron sin el hombre de la casa?”, como se pregunta “La Voz de los mártires”, donde se puede encontrar la contraparte de la información, la de los que fueron privados de su libertad de manera arbitraria, sin deberla ni temerla, y que ahora se preguntan: ¿Y ahora qué sigue?
¿Cuánto cuesta reparar el daño hecho a una pareja cuando los obligaron a separarse, como en el caso de Mariano Pozo y Guillermina Sarmiento, quienes apenas tenían un año de casados?
¿Con qué dinero se puede pagar a una persona de la tercera edad que fue detenida con engaños y sentenciada por el delito de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sin siquiera saber disparar una escopeta?
 ¿A cuánto asciende la cantidad que deben dar a Estela Luna Pérez, cuyo padre, Bartolo; sus hermanos Manuel y Miguel, así como sus dos cuñados: Juan Santís y Antonio Gutiérrez, fueron privados de su libertad por el único delito de conocer el poblado de Acteal, y de pronto ella se vio en la indefensión total, pasando a ser padre y madre de familia al mismo tiempo?