No hay que confundir la defensa de los Derechos Humanos con el activismo político, la oposición, la filiación antisistémica,  y no porque uno u otro sean buenos o malos, sino porque uno y otro implican actitudes diferentes, éticas y morales,  frente al gobierno (ya sea municipal, estatal o federal), y al Estado mexicano, que es el garante de la Constitución General de la República, y por tanto garante de las garantías individuales, colectivas y sociales de este conglomerado humano que somos los mexicanos, sin distingo de raza o credo, sin fueros, sin exclusiones u omisiones perniciosas, como pretende el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el abogado Diego Cadena Gordillo, en actitud por demás cuestionable, al sindicar con índice de fuego a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes descalifica sin reconocer que él y su equipo de bogados no supieron o no pudieron defender con los argumentos jurídicos necesarios la causa de los deudos y sobrevivientes de Acteal, frente a abogados más habilidosos del CIDE, cuyos alegatos a favor de sus defendidos, los 20 liberados por el amparo que les concedieron cuatro de los cinco magistrados de la Sala Uno de la SCJN, se impusieron ante las aberraciones de la PGR, que en este caso presentó un proceso plagado de irregularidades, que en el mejor de los casos, dicen los propios abogados del CIDE, podría ser una acumulación de trámites, pero en ninguna medida celebraron un juicio, lo que los ministros valoraron a la hora de emitir su fallo no si los liberados eran culpables o inocentes del crimen de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.
Los ministros de la Sala Uno de la SCJN no podrían haber asumido como validos los alegatos políticos que el Frayba expresó en los medios de comunicación ni se podían poner a buscar las versiones cibernéticas que circulan sobre el caso, porque lo mismo encontrarán a un Luis Hernández Navarro describiendo la masacre a mansalva de las ovejas de don Samuel Ruiz García que oraban indefensas en una ermita por “paramilitares” entrenados y armados por el Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública de Chiapas, que a Héctor Aguilar Camín relatando desde el lugar de los hechos las contradicciones de un evento en el que en el mejor de los casos se trató de un enfrentamiento entre milicianos zapatistas y grupos de autodefensa de filiación priísta, y por consiguiente de la muerte de los 45 miembros de Las Abejas acribillados a fuego cruzado; o más aún la descripción de alguna congregación evangélica que narra los sucesos muy bien concatenados y creíbles que privaron los días previos a la masacre de Acteal, en el que los milicianos zapatistas aparecen como quienes propiciaron el enfrentamiento que culminó en la masacre del 22 de diciembre de 1997, porque días antes habían dado muerte en forma por demás cruel a varios cristianos no zapatistas que se opusieron al control que el EZLN quería ejercer sobre la zona, como ya lo había logrado en varios parajes de San Pedro Chenalhó.
Todas versiones elaboradas en base a la óptica de quien la escribe, pero sobre todo, con el visto con el ojo de la filiación política, por lo que a 12 años de lo sucedido, difícilmente se logrará establecer la verdad de tal evento, aunque se nombre una y otra comisión especial o fiscalía especializada para el esclarecimiento de la verdad, porque prevalecerá siempre la duda, como lo expresa ahora el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas cuando han recuperado su libertad 20 de los implicados o encarcelados desde hace más de 11 años por expedientes que se dicen amañados o mal intencionados, pero que al final de cuentas son los que tuvieron ante sí los magistrados que valoraron conceder el amparo a los 20 implicados en la masacre, como seguramente lo harán a la hora de tomar para su resolución los expedientes de otro grupo similar de indígenas encarcelados en el penal de mediana seguridad de El Amate, en Cintalapa de Figueroa, porque no se puede asumir, como lo hace el abogado Diego Cadena Gordillo, del Frayba, que todos los encarcelados son responsables materiales de la masacre, porque así lo dicen los testimonios de los sobrevivientes, cuando se sabe y es publico que entre los encarcelados por la matanza de 45 integrantes de Las Abejas se encuentran personas que al momento de ser privados de su libertad no sabían hablar español , que eran monolingües, cuya condición de vida era de extrema pobreza, y que en buena medida no tenían idea clara de por qué habían sido sacadas por la fuerza de sus comunidades de origen y se hallaban encarceladas.
Algo anda mal en el proceder del director del Frayba, el abogado Diego Cadena Gordillo, que ha optado por la descalificación política, por el golpeteo mediático, por la presión de la autoflagelación (ayuno y oración), en vez del camino de las leyes, de exigir a la PGR una investigación para conocer quién y cómo se fabricaron las pruebas, cómo y quién elaboró erróneamente los expedientes, las Averiguaciones Previas, y si se hicieron de manerav deliberada, como argumenta, para que entonces sí, conforme a derecho, el Consejo de la Judicatura Federal instaure los procesos administrativos para determinar quiénes fueron los jueces que validaron dichas pruebas, para fincarles responsabilidades administrativas y penales, como ya lo hicieron representantes de la Sociedad Civil Las Abejas, que agrupa a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, al demandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “investigar a los que trataron de ocultar las pruebas contra los paramilitares hoy liberados y contra el gobierno que les dio apoyo”, porque al final, como dice el obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Enrique Díaz, los supervivientes no tienen resentimiento ni intención de venganza, que impida a los 20 liberados el regreso a sus comunidades de origen, no obstante ello el gobierno del estado mantiene a los tzotziles exonerados por la SCJN alejados del municipio de Chenalhó por seguridad, no obstante que el obispo Díaz sostiene que Las Abejas –grupo al que pertenecían las 45 víctimas del 22 de diciembre de 1997- no son rencorosos que pongan en riesgo la vida de los demás, porque desde su surgimiento han sido pacifistas que buscan el diálogo para solucionar sus problemas, esto aunque los magistrados de la SCJN hayan quedado entrampados en una crisis de credibilidad con la resolución.
Lo que cierto es que hay 20 indígenas inculpados que fueron puestos en libertad, que hay una legalidad que se debe respetar, que hay mecanismos legales, nacionales e internacionales, a los que se pueden apelar, pero la lección que debiera dejar al director del Frayba, el abogado Diego cadena Gordillo, ante el fallo de la SCJN, es que hace falta más que enjundia política a la hora de plantarse frente a los tribunales a defender las causas justas de los más desprotegidos de México, que hace falta pericia, astucia en el manejo de los instrumentos legales que la misma ley provee, para ahí sí defender con ahincó a los desamparados, los indígenas, que por lo visto necesitan la tutela permanente de un organismo como el Frayba que vele por sus intereses, por sus derechos, pero no como lo hace ahora el abogado Diego Cadena Gordillo, porque entonces estarán más amolados, más confrontados, más polarizados, y lo que es peor, entre hermanos.